El asalto al Capitolio, síntoma de la fractura en la democracia en EE. UU.

David Thunder, Universidad de Navarra

El pasado 6 de enero, el mundo asistía atónito al asalto del Capitolio de Estados Unidos por parte de cientos de manifestantes. Ante semejantes imágenes, muchos se preguntaban si se trataba de un lamentable fallo de seguridad, obra de un grupo de vándalos que no representaban a los ciudadanos, o era síntoma de una patología más profunda en el tejido social y político de la nación.

Haciendo una lectura optimista, esta protesta tan solo sería el deplorable arrebato de un puñado de ciudadanos atrapados en el frenesí de un sentimiento populista y antisistema, un grito de desesperación por parte de un minúsculo número de partidarios de Trump dispuestos a convertir su descontento electoral en un motín.

Si la democracia de esta nación gozase de buena salud, podríamos argumentar que el drama vivido la semana pasada en el Capitolio no fue más que un incidente bochornoso que debemos dejar atrás.

Sin embargo, no se trató solo de una interrupción incómoda en una era dorada de estabilidad política: es parte de un amplio proceso de deslegitimación de las instituciones públicas que ha tenido lugar durante décadas. Esta vez, la democracia más antigua del mundo se enfrenta a una amenaza que, con frecuencia, resulta más letal que la propia guerra: la división interna.

Cuestión de legitimidad

Uno de los fundamentos esenciales de cualquier régimen político es que los ciudadanos crean que tienen motivos de peso para respetar la constitución y obedecer a sus gobernantes, incluso cuando ni estos ni las leyes que les rigen son completamente de su agrado. En un régimen dictatorial, esta creencia se basa en gran medida en el miedo: los ciudadanos saben que la disidencia puede conllevar sanciones, cárcel o persecución.

En cambio, en una sociedad libre, la lealtad a la constitución y a la clase que lidera debe basarse en la percepción de que las instituciones de gobierno y la constitución son moralmente legítimas y sirven de manera genuina a los intereses de la ciudadanía.

Lamentablemente para la democracia estadounidense, hay cierta evidencia de que la legitimidad que se percibe del sistema político americano va a rastras y ha ido así durante varias décadas.

Por ejemplo, el 77% de los estadounidenses que respondió al Estudio Nacional de Elecciones de 1964 afirmó que confiaba en el Gobierno de Washington “siempre o la mayor parte del tiempo”. Este porcentaje se redujo al 35% en 1990, al 22% en 2010 y al 17% en 2019. En esa línea, una encuesta de la empresa Gallup desveló que, por primera vez en 27 años, más del 50% de los encuestados confesaba no tener mucha confianza en la policía.

La difusión masiva de numerosos casos de brutalidad policial, entre ellos el asesinato de George Floyd por un policía en mayo de 2020, no ha ayudado a reforzar la legitimidad del sistema político americano ante los ojos de los ciudadanos.

Al margen de la opinión que se tenga del alcance de la brutalidad policial, estos casos de corrupción que han trascendido tanto a la opinión pública, ya sean presuntos o probados, proyectan inevitablemente una sombra de ilegitimidad sobre las fuerzas policiales tanto en el nivel federal como en el estatal.

Por último, la elección de Donald Trump en 2016 recordó de manera contundente que existen ‘dos Américas’ cuyos valores resultan demasiado disonantes como para ser reconciliados en un único régimen.

Valores dispares

Claramente, sugerir que los partidarios de Trump se adhieren a un conjunto coherente de valores, mientras que los de Biden lo hacen a otro, sería simplificar demasiado. Sin embargo, está claro que hay ciertos valores predominantes en cada grupo político que no pueden combinarse fácilmente en una única idea de “buen régimen”.

Por ejemplo, muchos seguidores de Trump reflejan tendencias ideológicas asociadas con el partido Republicano: creen que el Estado debería reconocer el modelo tradicional de matrimonio heterosexual; les interesan poco las reclamaciones identitarias de personas transgénero; piensan que el aborto debería ser limitado o prohibido; y ven los programas públicos de bienestar social como un despilfarro del dinero de los contribuyentes, que tanto esfuerzo les ha costado ganar.

Por otro lado, muchos de los simpatizantes de Biden reflejan tendencias ideológicas asociadas con el partido Demócrata: están a favor de que el Estado reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, se inclinan a favor de las demandas de los ciudadanos transgénero, ven el aborto como un derecho constitucional y son favorables a los programas de bienestar social promovidos por el Estado.

Este tipo de desacuerdos se ha ido gestando durante décadas, pero parece haberse intensificado bajo las presidencias de Bush, Obama y Trump. Esto revela un pueblo profundamente dividido sobre aspectos básicos de su vida compartida.

El régimen estadounidense se basa, supuestamente, en una constitución escrita. Pero ningún régimen político puede sobrevivir mucho tiempo sin que una amplia mayoría de sus ciudadanos respalde la legitimidad de las reglas bajo las que vive y comparta algún tipo de filosofía pública, aunque sea austera, para guiar la vida común.

En la primera parte del siglo XX, una moral cristiana en general fue ampliamente aceptada, al menos en principio, por la mayoría de los estadounidenses. Pero hoy en día no es tan fácil ver qué tipo de moral pública une a la población.

Las inquietantes imágenes de la semana pasada, en las que observamos cómo algunos ciudadanos escalaban el Capitolio y ocupaban las oficinas de sus representantes políticos, no eran solo aberraciones de un régimen que es saludable en otros aspectos, sino expresiones vívidas de una nación en declive.

Solo el tiempo dirá si estas fracturas en la nación americana se cerrarán de algún modo o harán realidad la notoria profecía de Abraham Lincoln: “Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse”.