Miles de mujeres peruanas demandan justicia tras ser esterilizadas a la fuerza durante el régimen de Fujimori
Ñusta Carranza Ko, University of Baltimore
Entre 1996 y 2001, el gobierno de Alberto Fujimori esterilizó a 272 028 personas, muchas sin haber dado su consentimiento y la mayoría mujeres indígenas de zonas pobres y rurales.
Ahora, en las audiencias que comenzaron el año pasado, miles de estas mujeres demandan justicia. Ellas declaran que fueron sometidas a procedimientos de esterilización forzada por medio de cirugía anticonceptiva.
Las esterilizaciones fueron la parte oculta de la política de “planificación familiar” de Fujimori, que pretendía dar a las mujeres las “herramientas necesarias para poder tomar decisiones sobre sus vidas”. Sin embargo, como fue desvelado por los documentos oficiales publicados por la Defensoría del Pueblo en 2002, el régimen fujimorista tomó el control de la natalidad como una manera de luchar contra la caída de la economía nacional y el agotamiento de los recursos.
Estas ideas eran eufemismos con los que Fujimori y otros exlíderes del Perú se referían a lo que se denominaba “el problema indio”, la alta tasa de natalidad de las personas indígenas en comparación con los peruanos de ascendencia europea. Ante los altos niveles de pobreza asociados con las mujeres indígenas quechuahablantes en el Perú, el gobierno organizó “la política de planificación familiar.”
En vez de ser informadas sobre sus derechos reproductivos durante las consultas médicas, que fue la experiencia con otras mujeres peruanas, a las mujeres indígenas les aplicaron métodos de planificación familiar, uno de los cuales fue la ligadura de trompas.
“Los personales de salud me llevaron al hospital… y me forzaron a operarme,” testificó Dionicia Calderón en un conversatorio público organizado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú en 2017.
Hay amplio reconocimiento de que las poblaciones indígenas en el Perú fueron víctimas de la dictadura fujimorista. Sin embargo, mi trabajo de investigación que documenta las historias de las mujeres indígenas concluye que el delito de las esterilizaciones forzadas ha sido minusvalorado en el reconocimiento del período post-Fujimori.
Verdad y justicia
Las víctimas de las esterilizaciones forzadas y sus familiares iniciaron la vía legal en 1998, dos años antes de la caída de Alberto Fujimori.
La familia de María Mamérita Mestanza –quien fue esterilizada contra su voluntad, sufrió complicaciones de salud y murió el 5 de abril de 1998– presentó una denuncia ante la fiscalía contra el jefe del centro de salud donde le habían hecho la ligadura de trompas. Pero los jueces, declararon en dos ocasiones que no había lugar para la apertura de la instrucción.
En 2004 se iniciaron las investigaciones fiscales contra Fujimori. Pero, después de que Fujimori fuera condenado por la Corte Suprema por otras violaciones de los derechos humanos, el caso de las esterilizaciones forzadas fue archivado porque los hechos denunciados no configuraban delitos de genocidio ni de tortura y “los delitos enmarcados en el Código Penal no se habían configurado o estaban prescritos”.
Las investigaciones fueron abiertas de nuevo en 2011, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aumentara la presión hacia al estado peruano para que investigue el expediente subrayando el alto número de víctimas. En enero del 2014, el Ministerio de Público del Perú presentó cargos contra los médicos por la muerte de María Mamérita Mestanza. Pero archivó otros 2 000 casos explicando que faltaban evidencias para juzgar a Fujimori.
Más de 2 000 casos de esterilizaciones forzadas fueron rechazados durante años por el sistema judicial peruano. Cada cierto tiempo las autoridades iniciaban las investigaciones contra algunos funcionarios o servidores públicos de bajo rango acusados de participar en el programa de “planificación familiar” y después los archivaban de nuevo por “no constituir” los delitos denunciados. Formaba parte de la impunidad que rodeaba a Fujimori, cuyo hijo e hija son políticos en activo.
Mientras tanto, grupos de derechos humanos graban los testimonios de estas mujeres creando un archivo en línea en el que las mujeres indígenas describen sus experiencias de esterilizaciones forzadas. La base de datos interactiva llamada “Quipu” y la presión de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional ayudaron a presionar al Gobierno para tener audiencias públicas sobre este caso.
En enero de 2021 tuvo lugar en Lima la primera audiencia oficial sobre las esterilizaciones forzadas. Pero la audiencia fue suspendida un día después, cuando el juez Rafael Martín Martínez indicó que era necesario tener más traductores del quechua por los diferentes dialectos de las víctimas.
Las audiencias se reanudaron el 1 de marzo en Lima para “formalizar las denuncias por autores mediatos del delito contra el cuerpo, la vida y la salud… y lesiones graves seguidas de muerte,” explicó el fiscal Pablo Espinoza Vázquez.
Además de los testimonios dolorosos de parte de las víctimas, la fiscalía presentó una evidencia concluyente: Fujimori y sus ministros de Salud habían establecido una cuota anual de esterilizaciones. Por ejemplo, en 1997, el gobierno de Fujimori tuvo la meta de esterilizar a 150 000 personas, como afirmó el fiscal, sin tener en cuenta el estado de salud o el consentimiento voluntario.
La mayoría de las víctimas de las esterilizaciones forzadas era de ascendencia indígena.
Un camino difícil
Las audiencias han dado esperanzas a miles de mujeres indígenas que por fin podrían tener justicia, y que los violadores de sus derechos reproductivos asuman la responsabilidad penal por quitarles la oportunidad de tener hijos y por diezmar la población indígena impidiendo el nacimiento de futuras generaciones.
Los nuevos cambios legislativos ahora dan acceso a las víctimas a las reparaciones médicas, financieras y educativas, además de la posibilidad de una disculpa formal.
Sin embargo, el expresidente Fujimori y su círculo de allegados siguen manteniendo buenas relaciones con el poder político. A pesar de los esfuerzos para enjuiciar y castigar los crímenes cometidos durante la dictadura, han podido evadirse o escapar de la justicia.
Fujimori fue condenado en 2009 y encarcelado por crímenes de lesa humanidad, pero su sentencia fue revocada en 2017 por razones de salud. Este “indulto humanitario” fue anulado en 2018 después de que una junta de médicos evaluó y determinó que la salud del exdictador estaba estable para poder cumplir su sentencia. Fujimori volvió a la prisión.
Su hija, Keiko Fujimori, candidata a las elecciones presidenciales del Perú este año, ha dicho que si fuera elegida consideraría perdonar a su padre.
El camino para llegar a condenar a Fujimori por delitos contra la salud reproductiva de las mujeres indígenas es largo. Las víctimas, quienes ahora cuentan sus historias públicamente, saben que sus denuncias eran archivadas por tener “información insuficiente” y que sus voces han sido silenciadas en el camino judicial en el Perú.
Sin embargo, las víctimas y sus familiares mantienen la esperanza de que esta vez las cosas serán diferentes. Como afirmaron las hijas de dos víctimas mortales de las esterilizaciones forzadas: “Sin investigación judicial no hay verdad, sin verdad no habrá justicia.”
